BASTA DE SANGRE OBRERA EN MANOS DE MAFIOSOS

Declaración pública

Noviembre de 2014

rrttLo que ha sido llamado por la prensa “Causa Solano” no se resume a una querella penal contra un reducido grupo de personas, o a un asunto de políticos de cuarta categoría con grandes aspiraciones, completamente desacreditados en el terreno profesional y en la lucha social.

El Estado tiene la obligación de brindar los medios para hacer justicia y, de hacer cumplir la ley. No se trata de un capricho, ni de una decisión discrecional, sino de una responsabilidad institucional, que sin embargo es presentada, en cada caso, como una conquista política de distintos sectores opositores de derecha o del gobierno de turno.

La movilización social contra la violencia institucional y política del Estado capitalista, trasciende y supera las barreras de la política tradicional, sin limitarse a los márgenes estrechos de los mecanismos y procedimientos del sistema judicial. Y plantea frontalmente un debate acerca de las causas que provocan la injusticia y la violencia. Un debate profundo que entiende a la violencia económica como la raíz misma de la violencia social y política.

Esta lucha no comenzó hace tres años, ni tampoco terminará con el cierre de la causa judicial y las resoluciones administrativas que acompañen la sentencia. Esta lucha, que es la lucha del pueblo trabajador por conquistar una vida en dignidad y en libertad, no terminará, porque es la lucha de los trabajadores contra un orden social y político antihumano.

El secuestro y la desaparición del joven trabajador Daniel Solano, demuestra claramente que la delincuencia en el valle medio de Río Negro, es organizada por empresarios criminales y administrada por jueces y comisarios corruptos, con estrechos vínculos políticos con los partidos de gobierno. Estos vínculos sirven como garantía de sus negocios ilegales. Estos sectores representan una minoría que la mayoría de la población repudia y, que se encuentra aislada frente a la opinión pública. Una minoría que representa un antiguo entramado de poder y complicidad, anudado durante los años dictatoriales, y mas tarde con el acuerdo de los cómplices civiles de la dictadura, y la impunidad militar, negociada por el alfonsinismo radical y el menemismo peronista. Para graficar esta situación recordamos que ningún juez, ni tampoco, ningún intendente civil de facto, de la última dictadura, ha sido condenado por estafa o por encubrimiento de los crímenes de la dictadura cívico militar fascista.

El partido militar, oligárquico-patronal, fue transfigurado y convertido en agencias de “seguridad privada” y en cuerpos de policías municipales y regionales al servicio de caciques y “punteros” de la política burguesa. Cuerpos de policía militarizada, al servicio de los gerentes locales de grupos económicos transnacionales como Monsanto, Chevron o Barrick Gold, (solo por ejemplo). El modelo de control social y económico que presenta como única medida política para los más de un millón de niños que viven en las villas miserias, una acción de emergencia como la asignación universal por hijo, solo se sostiene estigmatizando la pobreza.

Recientemente, la política del Ministerio de Seguridad del gobierno del Estado, de un modo en que a ningún gobierno civil se le hubiera ocurrido nunca antes, ha puesto al ejercito a custodiar las villas de emergencia, ¿qué gobierno va a sacar de las villas de emergencia a la tropa de acción política de Milani y la CIA? Mientras, tanto se intenta sustituir la practica histórica de los organismos de derechos humanos, por la política de reconciliación con los asesinos, que impulsan Bergoglio y el obispado desde el Vaticano.

Esta política, en varios modos es la síntesis histórica de la línea de la seguridad democrática impuesta en Chile con la apertura democrática, luego en Perú, Colombia y México. El modelo de seguridad ciudadana diseñado en el pentágono para las semicolonias dependientes, que intenta presentar como novedosa la idea pinochetista de los Consejos de Seguridad, encubre por ejemplo el hecho de que los poderes establecidos “fácticos” nunca fueron electos democráticamente, ni tampoco tienen legitimidad alguna, para pensar de forma paternalista y represiva la vida publica de toda la sociedad.

Los trabajadores urbanos o rurales, subempleados y súper explotados laboralmente, los jóvenes sin perspectivas de realización personal, atrapados en el mundo de la estafa, el narcotráfico y el crimen, que no encuentran vehículo apropiado para la reivindicación de sus derechos, son entonces prejuzgados como potenciales delincuentes en la prensa y a través de las instituciones del Estado capitalista; que intenta “institucionalizar” cada aspecto de la vida de los ciudadanos. En el valle medio no existen villas de emergencia porque los ranchos están escondidos, mas o menos, como los prostíbulos y las brigadas parapoliciales. Mientras, las denuncias de apremios ilegales y desapariciones forzadas se acumulan en los juzgados, los derechos constitucionales no funcionan como garantía de la vida y el trabajo de las personas menos favorecidas. Se trata de obvia y clara discriminación económica. De una forma elemental y disciplinante de ejercicio de la dominación política. La democracia extorsiva. La autoridad del dinero.

El pre-juicio cultural que condiciona y extorsiona a la mayoría pobre; es un componente central en la ideología de la dominación. Prejuicio como cultura de la reacción y como practica contrarrevolucionaria, antipopular, elitista, según el cual siempre es el mismo sector social, “el único”, “apto”, (según la única condición del dinero); el que legisla; el que gobierna, el que nombra a los agentes de la justicia, y el que imparte la ley. Un prejuicio según el cual los propios asesinos a sueldo, acusan y condenan a las victimas. Y los trabajadores no pueden y no deben hacer política. La política es entonces, según este criterio, un asunto de negocios, entre millonarios.

Se intenta cambiar el eje de la discusión sobre la situación política, cultural o económica de la juventud trabajadora, por el discurso represivo, donde los únicos que merecen estar SEGUROS son los estafadores, los asesinos de los trabajadores y sus ejércitos privados de matones a sueldo. Impunemente seguros. La “seguridad” como enunciado no es más que otro concepto como la “libertad” o el “amor” que como abstracciones, no significan nada. Nos preguntamos ¿la seguridad para quienes?¿la seguridad para hacer qué? Mas policía, no significa más seguridad.

Se intenta presionar a la política con el discurso de la violencia. Como si la violencia social y económica no fueran el resultado del robo de los bienes del pueblo, la impunidad de la burocracia estatal y el saqueo como política de Estado.

Entonces cuando preguntamos:¿Donde está Daniel Solano?, nos preguntamos en realidad: ¿qué es La Justicia? La Justicia, no solo como elemento de ciudadanía, de igualdad republicana y democrática, sino como condición de convivencia.

No podemos devolverle la vida a las victimas del poder y de los negocios sucios de la política. Sabemos también, que durante la dictadura militar hubo “jueces” ejerciendo la función de verdugos. ¿Cual es la diferencia con los jueces que encubren asesinatos y “desaparecen” trabajadores?. No podemos aceptar que a los funcionarios de la justicia les resulte lógico el encubrimiento, la desaparición y el crimen.

Solo se hará justicia verdadera, cuando no haya en nuestro país un solo joven condenado desde antes de nacer, a convertirse en una herramienta barata y descartable de los grupos multinacionales y de dirigentes al servicio de esos intereses. ¿Donde se engendra, entonces, la violencia que tiene a la policía como brazo armado del poder político? ¿termina esta violencia si estos policías van presos? ¿acaso no continúan vigentes los mismos métodos de explotación y persecución que le costaron la vida a Daniel Solano?

Sabemos que la lastima y el morbo, el espectáculo del dolor ajeno, no crean consciencia. El poder enseña que no se debe luchar contra la perversión y el egoísmo, que solo es posible reformar aspectos secundarios del modelo de sociedad diseñada por los gerentes de las empresas transnacionales y los gobiernos dependientes del imperio yankee.

Nosotros no solo hemos hecho una “opción” por los pobres, sino que luchamos contra las causas que provocan la pobreza, la discriminación y la injusticia. El capitalismo, sabemos, es el genocida más respetado del mundo. A diario se nos presenta el posibilismo y la manipulación de las necesidades de las mayorías, como la única “política” posible. Se educa a las nuevas generaciones en la prebenda y la retórica vacía de contenido y de sentido crítico.

Nosotros sabemos que ninguno de los más de 300 intendentes civiles y funcionarios judiciales de la dictadura (como Elisa Carrió) ha sido juzgado como participe necesario de los crímenes probados, o de la estafa de la deuda externa, que el gobierno nacional y los gobiernos provinciales no hacen más que refinanciar. El mismo Estado que ayer y hoy, es puesto al servicio de corporaciones transnacionales, como Monsanto, Shell, Ford, Mercedes Benz, solo por ejemplo, o las nacionales: ARCOR, Techint, Bunge & Borg, Soldati, Perez Compang… asesina y mata a diario, ahora, desde 1983, a aquellos que no consiguen defenderse o son blanco de la estafa y la explotación y se atreven a reclamar sus derechos, como Darío Santillán, o como Daniel Solano y otros muchos mas de dos mil jóvenes asesinados en los últimos veinte años.

El plan de dominación y de “domesticación” de las mayorías nacionales, puesto en práctica por los militares asesinos, nunca terminó, pero tuvo como primer paso el aislamiento de los revolucionarios y luchadores populares, luego, cruel y cobardemente asesinados. Mentir sus razones y su lucha era y aún es, parte fundamental de la versión interesada de los hechos históricos. A ellos pretende, la historia escrita por los vencedores, ponerlos en un plano de igualdad con los asesinos profesionales que libraron una cacería con todos los instrumentos del Estado contra cualquier clase de oposición real a la dominación. Se presentan los hechos como si se hubiese tratado de una guerra de dos ejércitos, pero de lo que en realidad se trata es de la oligarquía y la embajada Estadounidense decidiendo la política y el curso de la vida de los argentinos. Torturadores y obispos, políticos de carrera y jueces “eternos”, contra obreros y maestras, contra artistas y poetas, convertidos por la prepotencia y la criminalidad capitalista, en luchadores populares, en luchadores revolucionarios.

Argentina es la octava economía del mundo, y es también, uno de los países más desiguales del planeta. El nombramiento del probado asesino y torturador Milani como jefe de las fuerzas armadas, especialista en inteligencia, formado por la CIA, demuestra la verdadera naturaleza de los “armados” neoperonistas. Milani ha quintuplicado el presupuesto de inteligencia, para investigar a docentes, estudiantes y sindicalistas. El aparato terrorista del Estado capitalista está intacto y es una amenaza contra cualquiera que en forma decidida enfrente la opresión y el crimen que ha hecho escuela en las comisarías y en los barrios obreros y populares de nuestro país.

La forma más efectiva de luchar contra la injusticia es cambiar las condiciones económicas y políticas que la producen. Es necesario dar apoyo político y respaldo concreto a la lucha popular de manera urgente, ante la avanzada autoritaria y criminal de la política tradicional y ante la catástrofe política del progresismo claudicante. Podemos elegir los jueces. Podemos cambiar las leyes. Es posible hacerlo políticamente. Vamos a organizar la unidad del pueblo para la acción política.

Basta de sangre obrera en manos de mafiosos

¡Vamos a hacer otra política!

Ni Olvido

Ni Perdón

JG

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