INFORME SOCIO AMBIENTAL

INFORME SOCIO AMBIENTAL
Unión del Pueblo
Marzo 2016

socio-ambiental

PARA EL DEBATE

El ordenamiento territorial está determinado por las condiciones socioeconómicas, en el contexto de un capitalismo dependiente y en el marco de una gran ofensiva imperialista sobre los pueblos, sus bienes comunes y recursos naturales estratégicos.

En una continuidad histórica de siglos, nuestro suelo y subsuelo son explotados para beneficio de las potencias centrales, con la complicidad del Estado dominado por una facción de la burguesía nativa.

Actualmente la división internacional del trabajo condena a los países periféricos, y a sus administradores capitalistas, a una lógica de saqueo de los “recursos” naturales, lo que en muchos casos se logra a través de tratados y en otros se impone con la guerra económica y la ocupación militar.

Esta situación se expresa en nuestra región con el sacrificio de las mejores tierras, destinadas a la producción de granos de soja y maíz transgénico, y generando desmontes, desertización, vaciando los campos, envenenando el suelo y el aire, reduciendo la producción ganadera y otras producciones locales, Mientras se garantiza el negocio de las multinacionales que a pesar de semejante escenario, los cuestionamientos existentes y la evidencia de sus impactos negativos, son amparadas y defendidas en sus prácticas, por los distintos gobiernos nacionales y provinciales desde hace décadas, La política burguesa depende en muchos casos, estrechamente de estos intereses y como es obvio, también sus operadores apuestan abiertamente al afianzamiento de los ”agronegocios”, con la total complicidad de la supuesta “oposición” parlamentaria.

Así, la institucionalización progresiva del Plan Estratégico Agroalimentario y Agroindustrial 2020 (PEAA 2020) instrumentado desde el Ministerio de Agricultura del Estado argentino, cuyo objetivo fundamental consiste en alcanzar una producción de 160 millones de toneladas de granos (fundamentalmente soja) en un plazo de seis (6) años, supone un incremento brutal de la superficie cultivada, que pasaría de las actuales 34 millones de has. a 42 millones de has. Las implicaciones de una expansión de tales magnitudes solo puede traer aparejado el agravamiento de las actuales consecuencias socio-ambientales derivadas de un sistema productivo que podría describirse como un perfecto ejemplo de saqueo, impuesto con dictaduras y crisis económico-financieras continuas, en América Latina.

Otros datos dan cuenta de los avances en la orientación asumida por los distintos gobiernos del estado nacional, en el rumbo trazado desde las gerencias transnacionales, de profundizar el saqueo y la política de ‘agronegocios’.

Desde la aprobación de la legislación que autoriza la producción y comercialización de semillas de soja RR en el año 1996 hasta la fecha, el Estado -a través de la Comisión Nacional de Biotecnología Agropecuaria (CONABIA)- emitió autorizaciones comerciales para 30 eventos transgénicos (en soja, maíz y algodón) que tuvo como beneficiarios a corporaciones tales como Monsanto, Syngenta, Bayer, Dow AgroSciences, Pioneer, AgrEvo, Basf, Nidera, Novartis y Ciba-Geigy.

El Estado argentino ha sido asociado por las ultimas administraciones con la multicriminal Monsanto, recientemente adquirida por el monopolio Bayer, compartiendo “derechos de patente” en la producción de semillas, como en el caso de la producción de la semilla INTACTA de maíz transgénico.

También el estado nacional a través de dependencias públicas, especialmente orientadas según los requerimientos transnacionales, ha sido el principal impulsor y financista desde hace más de una década, de la transgénesis en vacunos, ovinos y otros animales de corral.

Es ilustrativo observar que sobre el total de los eventos transgenicos –declarados–, 23 fueron aprobados entre 2003 y 2014 por los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández, y fue Monsanto el principal beneficiario del otorgamiento de dichas autorizaciones. Además, las aprobaciones se realizaron mediante simples resoluciones ministeriales, sin controles ni debates públicos y sin tener en cuenta el principio precautorio. Asimismo, las evaluaciones sanitarias y ambientales de dichos eventos transgénicos se siguen efectuando en base a “estudios” proporcionados por las propias empresas. Por otro lado para garantizar el control de los resortes de la economía basada en la explotación, se configuran nuevos métodos para llevar adelante el saqueo.

El método de Fracking (fractura hidráulica), autorizado gracias al acuerdo Kirchner-Chevron-YPF, se manifiesta como una amenaza cotidiana a la salud y a la vida de las personas, en la llamada cuenca neuquina (Vaca Muerta, Gran Neuquén, Alto Valle del Río Negro) sur de Bs. As. y Entre Ríos. Al mismo tiempo que la destrucción de la cordillera, y las sierras córdobezas por parte de la Barrick Gold Corp., y otras de origen multinacional, son autorizados gracias a los vergonzosos tratados mineros, que las distintas administraciones del Estado han llevado adelante para garantizar políticamente el saqueo y el robo del patrimonio colectivo.

Neoliberales con máscaras populistas, y populistas con políticas neoliberales, han justificado y “legalizado” los métodos de lixiviación y el uso de cianuro altamente contaminante para la extracción de oro. Así como la extracción de metales y “tierras raras” para uso tecnológico y farmacéutico. La ‘Ley de Hidrocarburos’, por ejemplo, traslada la soberanía sobre el subsuelo de las provincias, al estado central, establece el método de Fracking, concentra decisiones y beneficios en el estado Nacional, impactando sobre cualquier resolución de los gobiernos provinciales.

El impacto ambiental en las ciudades está directamente relacionado con la lógica misma de la producción de bienes y mercancías de “baja durabilidad”, que los especialistas han denominado “obsolescencia programada”. Es decir que la actual industria capitalista produce masivamente, alentado el derroche de recursos y priorizando la cantidad y no la calidad, alentando el consumismo, el gasto en artículos suntuarios, y la generación masiva de basura. La durabilidad de los productos tiene un limite ‘programado’, por el qué se rige toda la industria y el comercio capitalista en nuestros días. Y está orientada a distintos segmentos sociales, a los que dirige políticas de comercialización y estéticas particulares y diferenciadas, esta industria produce no para el uso y disfrute de los productos sino para el consumo inmediato. Mecanismo capaz de crear falsas expectativas y deseos ficticios en los sujetos, a los que las mercancías se les representan como sinónimo de satisfacción emocional y símbolos de ‘status’.

La Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos (Ley Nacional ‘GIRSU’) no se aplica, por lo tanto no se practica la separación en origen (húmedos, reciclables y desechos), ni el destino diferenciado; derivando la basura a los rellenos y basurales a cielo abierto legales y clandestinos, exponiendo a la población a enfermedades y alimentando un negociado ilegal multimillonario.

Aún esta pendiente el debate que debe llevarse adelante en nuestra sociedad, sobre el problema de “la basura”, buscando alternativas a los rellenos o la quema de residuos, evitando los negociados y buscando la inclusión económica y social del ‘recuperador’ (cartonero). Este problema alcanza dimensiones preocupantes, dada la proliferación de basurales, plantas de tratamiento orgánico de desechos peligrosos (PTO), servicios de recolección deficientes, micro y macro basurales en todos los barrios y pueblos del país. Las industrias funcionan con débiles controles, fundados siempre en el argumento retórico de la “generación de empleo”, gracias a esos mecanismos publicitarios, y a la complicidad política de los gobiernos, no se los cuestiona ni política, ni socialmente, permitiendo la destrucción de un ecosistema único y privilegiado en relación con otros países, exponiendo gravemente la salud de la población y saqueando y destruyendo recursos vitales como el agua.

La contaminación de todos los cursos de agua, el uso indiscriminado del Aquifero Puelche y Guaraní, la falta de abastecimiento de agua potable y servicios en la mayoría de los barrios de bajos recursos, son una clara muestra de la crisis ambiental que ya estamos enfrentando. Todo eso garantizado por la eliminación del Articulo 241 del Código Civil, por el que, el Estado debía hasta hace poco tiempo, garantizar el acceso al agua potable a todos los habitantes del país. Contradiciendo tratados internacionales, y generando un vacío legal respecto a esos derechos constitucionalmente adquiridos.

La ‘reforma’ y ‘actualización’ del Código, que en su artículo 1974 lleva de 35 a 15 metros, la distancia a la cual puede situarse una explotación con agrotóxicos, de un curso de agua, pasó inadvertida para las organizaciones que bregan por la defensa de las costas libres. También crea el artículo 1974 bis que hace extensible el tránsito de ríos, lagos y montañas ubicados dentro de una propiedad privada o colindante con un inmueble particular que tengan interés público. Esa definición queda reservada a las autoridades jurisdiccionales que tendrán la “responsabilidad” de declarar el lugar de “interés turístico o deportivo” y –definir las características y condiciones de los caminos y márgenes de acceso– limitando el acceso a los cursos de agua a pobladores y el público en general Por todo lo expuesto, consideramos necesario organizar la defensa de nuestros territorios, siguiendo la política de reasumir la soberanía y el control de los recursos naturales. Las Asambleas Ambientales se han manifestado en muchos lugares del país y llevan adelante una lucha ejemplar en Famatina (La Rioja), Malvinas Argentinas (Córdoba), Esquél (Chubut), Gualeguaychú (Entre Ríos).

ALGUNAS CLAVES PARA LA LUCHA EN DEFENSA DEL TERRITORIO

Teniendo en cuenta la reforma del código civil y comercial de la nación de noviembre de 2014 que descartó la obligación del Estado de garantizar el agua potable a toda la población y disminuyó el camino de sirga, vemos que se están recortando derechos fundamentales.

Ante esto proponemos la reflexión y acción para cambiar la realidad de las problemáticas socio ambientales en nuestro territorio.

Porque la vida de la sociedad está inscripta en un contexto medio ambiental y los sujetos sociales desarrollan su vida y sus actividades en ese marco de condiciones especificas.

ELEMENTOS PARA UN PROGRAMA DE INTERVENCIÓN POLÍTICA

• Eliminación de todos los basurales.

• Gestión en favor de la llegada de los servicios de red de agua y cloacas.

• Garantizar la distribución de agua potable a los vecinos en emergencia, dado que para no tomar agua contaminada esta debe ser comprada y no todos tienen los recursos para hacerlo.

• Impulsar comités en defensa del agua.

• Defensa incondicional del acuífero.

• Diagnosticar patologías y contaminación. agua y basura.

• Conservación de los suelos y la calidad del agua.

• Limpieza definitiva de ríos y arroyos para terminar con las inundaciones.

• Obras de infraestructura.

• Asistencia efectiva a los vecinos afectados.

• Defensa ante cualquier avance inmobiliario sobre reservas ecológicas y espacios verdes.

• Planificación urbana para evitar que la especulación inmobiliaria impacte sobre el abastecimiento del agua potable y los espacios verdes.

• Preservación de los ecosistemas y la biodiversidad.

• Mantenimiento de los desagües, bocas de tormenta, zanjas para evitar estancamientos de basura y agua contaminada en los barrios y anegamientos.

• Concientización para la población sobre la industria alimentaria y sus impactos en la salud.

• Apoyo a la agricultura orgánica.

• Contra un ordenamiento que solo beneficia al bloque social dominante , y que condena a las futuras generaciones a la contaminación y la miseria.

• Cuadra a cuadra, barrio a barrio, desarrollar conciencia , organización y acción política.

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