A 41 AÑOS DEL GOLPE GENOCIDA PERPETUA A MILANI Y A TODOS LOS GENOCIDAS por HIJOS La Plata

Por HIJOS La Plata

En un año y medio de existencia la gestión de Macri consolidó su ingreso a la Casa Rosada instalando una falsa contradicción entre “lo pasado”, esto es un absoluto de crisis, conflicto y divisiones, y el “futuro” como un abstracto de unión y prosperidad que ellos vendrían a representar. Trasladada a las políticas de Derechos Humanos esa interesada dicotomía muestra a los actuales detentadores del poder estatal haciendo agua por varios flancos: desde las calurosas recepciones del secretario nacional del área, Claudio Avruj, a familiares y admiradores de varios reos encarcelados por delitos de lesa humanidad, hasta las expresiones del gestor cultural Darío Lopérfido poniendo en duda el símbolo de los 30.000 desaparecidos, pasando por la negación de Macri de la responsabilidad del Estado en el genocidio denominándolo “guerra sucia”.

Con puntos álgidos en la visita del presidente Obama, Nobel de La Paz que bombardeó 7 países en 6 años, en una sentida fecha como el 24 de marzo, y la venia al desfile de los genocidas del Operativo Independencia en Tucumán en la conmemoración oficial del Bicentenario de la independencia, todo no hace más que mostrar a los funcionarios del gobierno tal cual son y, si se permite la exageración, cómo “piensan” los procesos de Memoria. Lo que el kirchnerismo no supo ni quiso impulsar presa de los propios límites y contradicciones de su intervención política (Carlos Pedro Blaquier y Cesar Milani, socios políticos de esa gestión y testigos de lo que afirmamos), el macrismo lo atrasa.

Atrasa porque no aporta en lo más mínimo a profundizar o cuestionar las representaciones habituales del pasado reciente y en su patriotismo de shopping abona a los perimidos argumentos típicos de la derecha como que pedir justicia es “buscar revancha”. Atrasa porque está lejos de interesarle plantear un marco de recuperación y de sentido de la Memoria en el presente, y está más cerca de echar mano al lenguaje autojustificador castrense del Genocidio, que por otra parte le pertenece por una cuestión de clase. Y atrasa porque si en la última década el Estado vociferaba logros intentando impostar el lenguaje de las víctimas de hace cuatro décadas, lo que genera chispazos no menores cuando las voces de nuevas víctimas o sus familias reclaman contra la persistente omnipotencia del Estado, ahora asistimos a una transición donde los Derechos Humanos pasan a un segundo plano.

A 41 años del golpe genocida el proceso de los juicios a los represores de la última dictadura está estancado. Trece años después de anuladas las leyes de impunidad y en 10 años de juicios orales, sólo se ha condenado a 740 represores, un 38% del total de procesados. Además el 40% de los represores con causas abiertas (más de 520) gozan del beneficio de la prisión domiciliaria, otorgadas en su mayor’ia durante el gobierno de los Kirchner. La mayor parte de los imputados en causas del Circuito Camps est’an con domiciliaria.

La realidad es que desde 2012 viene habiendo cada vez menos juicios por año en todo el país, y en los últimos 4 años casi la mitad de los procesos fueron recortados y parciales, contra 1 a 3 represores por cada juicio. Respecto a los juicios por la apropiación de los hijos de las compañeras y compañeros desaparecidos, mientras quedan casi 380 casos de restitución de identidad por resolver, en 10 años sólo se hicieron 22 juicios específicos por aquel delito.

Y si bien hubo algunas condenas aisladas, tampoco se avanzó masivamente en las complicidades civiles: empresariales, eclesiásticas y de la burocracia sindical con el genocidio.

Poco se ha avanzado también en lo que respecta al período represivo previo al golpe, aunque comenzó a juzgarse la megacausa por el Operativo Independencia en Tucumán y recibieron condena algunos represores de la Triple A en CABA y de la CNU en Mar Del Plata. El año pasado se frustró dos veces el inicio de la causa contra “El Indio” Castillo y “El Pipi” Pomares, dos represores de la CNU en La Plata. Finalmente las audiencias se inician el próximo 15 de mayo.

En junio del año pasado un fallo de la Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal, decidió anular la sentencia de 2013 sobre la Masacre de Capilla del Rosario, ocurrida en Catamarca en agosto de 1974. El fallo absolvió a tres condenados y puso en duda que durante el gobierno constitucional de María Estela Martínez de Perón pudieran haberse cometido crímenes de Lesa Humanidad. Pese a esto, la responsabilidad del gobierno peronista, y de muchos de sus funcionarios y verdugos vivos, en los más de 1.000 asesinatos cometidos por la Triple A, la CNU, el Comando Libertadores de América y otras de sus bandas entre 1973 y 1976, y su caracterización como crímenes de Lesa Humanidad, son ya innegables. Es hora de discutir a fondo la organización desde el Estado de la represión a los opositores políticos antes del golpe y condenar esos crímenes.

Si seguimos tomando como referencia los 600 Centros Clandestinos de Detención que funcionaron en todo el país durante la dictadura, los 740 condenados siguen representando, a más de una década de anuladas las leyes de impunidad, un poco más de 1 represor condenado por cada CCD.

El año pasado sólo se realizaron en La Plata tres juicios parciales: la causa “Favero”, una residual del juicio “Unidad 9” llegado a sentencia hace 7 años, y el primer juicio contra agentes de la Policía Federal por hechos del año ’77.

En nuestra ciudad quedan por juzgarse importantes causas referidas a los crímenes cometidos en las Brigadas de Investigaciones de Lanús, Quilmes, Banfield y San Justo. También las causas referidas a los CCD de 1 y 60, el accionar del Regimiento 7 y las residuales de Comisaría 5ta, Arana y Brigada de Investigaciones. En general los expedientes repiten los mismos imputados y en definitiva incluyen nada más que 60 represores a ser juzgados en próximos juicios.

Junto con el fallo que pretendió otorgar la domiciliaria a Etchecolatz, símbolo de la represión en nuestra zona, el año pasado comenzó a darse un festival de recursos de parte de los abogados de los represores, donde abundan no sólo los pedidos de domiciliarias, sino de salidas a estudiar, a casarse, a visitar parientes y hasta de vacaciones.

Esto marca lo que se viene: el otorgamiento masivo de domiciliarias tanto a procesados como a condenados, con el argumento falaz de la “razón humanitaria” o porque directamente el Estado abandona su responsabilidad de custodia y atención médica a los represores. Lo dijimos en los juicios en que somos querella y lo volvemos a decir en esta plaza: exigimos cárcel común, perpetua y efectiva a todos los genocidas, para que los procesos no se transformen en una farsa de justicia.

La causa por la segunda desaparición forzada de Jorge Julio Lopez, de la que se cumplieron 10 años de encubrimiento en septiembre pasado, sigue cajoneada en la total impunidad. Si en algún momento los juicios de la ciudad de La Plata eran el faro para avanzar contra tanta impunidad acumulada, lo que pasa hoy en La Plata puede trasladarse al resto del país en la parálisis total de los juicios.

30.000 COMPAÑIEROS Y COMPAÑIERAS DESAPARECIDOS/AS, PRESENTES!
PERPETUA A MILANI Y A TODOS LOS GENOCIDAS!!!
BASTA DE RETRASOS EN LOS JUICIOS!!!
BASTA DE BENEFICIOS A LOS REPRESORES!!!
SON 30.000 – FUE GENOCIDIO!!!

HIJOS LA PLATA

Anuncios

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión / Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión / Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión / Cambiar )

Google+ photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión / Cambiar )

Conectando a %s