VENEZUELA: la Comisión por la Justicia y la Verdad presentó informe de víctimas (Video y Libro)

por VTV/Venezolana de Televisión

Página Oficial de la Comisión

INFORME COMPLETO EN PDF AQUÍ: CONTRA EL SILENCIO Y EL OLVIDO, POR LA VERDAD Y LA JUSTICIA

Caracas, 24 marzo de 2017.- La presidenta de la Comisión por la Justicia y la Verdad, Luisa Ortega Díaz, presentó este viernes el informe final de los crímenes cometidos durante el período 1958 hasta 1998 en Venezuela, con el propósito de determinar los responsables de los hechos.

Durante los cuatro años de investigación que emprendió la referida comisión, se recibió un total mil 387 denuncias todas asociadas a la violación de derechos humanos

Se examinaron 16 mil 630 expedientes y se logró evidenciar la identidad de 10 mil 071 víctimas fallecidas durante 1958-1998.

Ortega Díaz precisó que mil 425 personas fueron asesinadas, 459 sufrieron desapariciones forzadas y se logró la ubicación de 19 restos de personas desaparecidas , de los cuales 14 fueron entregados en actos públicos a sus familiares.

Expresó que “bajo la política de persecución (del puntofijismo) se crearon en el país, los teatros de operaciones, que originó que las personas fueran torturadas y perseguidas”.

Detalló que no había una declaratoria oficial por parte de los anteriores Gobierno para esclarecer los sucesos, no obstante la Comisión por la Justicia y la Verdad acudió a la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia.

La fiscal precisó que también se solicitó antes el TSJ varios recursos de revisión constitucional con el objeto de reabrir aquellos casos que se habían declarado concluidos.

Añadió que la investigación permitió identificar a mucho de los responsables de los crímenes, así como también las líneas de mando bajo las cuales se presume que actuaron los autores.

Dijo que “todavía hay quienes continúa sustraído de la justicia y prófugos (…) Los hemos individualizados y hay que seguir trabajando en esto”.

Recalcó que en aquellos años los cuerpos de seguridad se caracterizaron por su arbitrariedad, no solo en el atropello de los ciudadanos, sino también en aplicar detenciones y allanamiento sin orden judicial. “Sí detenían a una persona y el familiar preguntaba por él, también lo dejaban privado de su libertad”, subrayó.

Represión de los gobiernos de la cuarta República

Recordó que en la época del puntofijismo era usual “la suspensión de las garantías constitucionales así como la ilegalización de los partidos políticos de izquierdas y en diversas ocasiones se materializó el allanamiento de la inmunidad parlamentaria”.

Se comprobó que un número importante de civiles fueron ejecutados y desaparecidos solo por reclamar sus derechos y respeto a sus ideas.

“Hay algunos restos que todavía están en la unidad criminalística contra la vulneración de derechos fundamentales en los trabajos de identificación e individualización de tal forma que cuando se culmine las respectivas pesquisas, se le entreguen a sus familiares”, expresó.

Detalló que este reporte será de peso y relevancia para garantizar el derecho a la verdad y a la justicia.

Asimismo la fiscal instó a la publicación y difusión del informe final de la Comisión por la Justicia y la Verdad con el fin de dar a conocer a toda la población los actos de violación que realizaban los gobiernos de la cuarta República.

CJV presentó informe final de las violaciones de DD.HH. por razones políticas durante el período 58-98

La presidenta de la Comisión por la Justicia y la Verdad, Dra. Luisa Ortega Díaz, presentó al país el Informe Final que reúne las investigaciones, emprendidas desde el año 2013, para esclarecer las violaciones de derechos humanos y delitos de lesa humanidad cometidos por razones políticas durante los 40 años de represión puntofijista.

Con este documento histórico, resaltó la Fiscal General de la República, se certifica que en el país hubo sistemáticas violaciones de derechos fundamentales de 10.071 venezolanos agraviados por el terrorismo de Estado.

Durante su intervención en el acto oficiado en el Teatro Principal de Caracas, la máxima autoridad del Ministerio Público destacó que el informe final servirá para dar a conocer a la opinión pública una etapa de la historia de Venezuela donde se vulneraron gravemente los derechos humanos de centenares de venezolanos oprimidos por pensar distinto.

“La finalidad es difundir y dejar registro de todo el proceso político, económico y social que se vivió en esos años y así comprender la gravedad de las circunstancias que rodearon las causas y consecuencias del terrorismo de Estado que se vivió durante en esos años”, señaló la presidenta de la Comisión por la Justicia y la Verdad, Dra. Luisa Ortega Díaz.

Añadió que el trabajo realizado permitirá “mantener viva la memoria histórica” de lo ocurrido, de manera que el pueblo pueda comprender la forma en la que la sociedad se movilizó y cual fue “la respuesta represiva de los gobiernos de turno”.

De igual forma, la Fiscal indicó que “garantizar el derecho a la verdad implicó una exhaustiva investigación histórica desde diversas aproximaciones, un análisis sociológico de la realidad de esa época y entrevistar a las víctimas sobrevivientes y testigos”, además de recabar datos relevantes tras la revisión de más de 16 mil expedientes en los organismos de seguridad existentes para ese momento.

“Los datos obtenidos fueron sistematizados, analizados, digitalizados y sometidos a un procesamiento estadístico que permitió conocer parte importante de la verdad”, indicó la Fiscal General al tiempo que señaló que el paso siguiente fue proceder a “ubicar, rescatar los restos, su identificación y sancionar a los responsables”.

Informó que 19 restos fueron rescatados de los cuales 14 fueron entregados a sus familiares. A estos se sumarán otro grupo de osamentas que actualmente el Ministerio Público se encuentra analizando para lograr su identificación.

Por otro lado, manifestó que la única forma de establecer las responsabilidades y garantizar el derecho a la justicia es “a través del ejercicio de la acción penal que viene a ser una función privativa del Ministerio Público”.

“Se identificaron a los represores y a las líneas de mando bajo las que se presume actuaron, contra ellos el Ministerio Público ejerció la acciones penales correspondientes para lograr hacer justicia. Desde el Ministerio Público trabajamos imputando, acusando y solicitando las medidas necesarias para garantizar justicia pero aún falta mucho por hacer. Todavía hay quienes continúan prófugos de la justicia venezolana. Hay muchos que aún no hemos individualizado”, añadió.

Las tareas que faltan por concluir serán competencia de la Fiscalía 94° Nacional con competencia en Protección de Derechos Fundamentales, creada justamente para dar cumplimiento a los objetivos finales.

Representación del pueblo

Es importante destacar que la Dra. Luisa Ortega Díaz entregó el informe a una delegación conformada por víctimas de terrorismo de Estado puntofijista en representación del pueblo venezolano: Fernando Soto Rojas, Presidente de la Asamblea Nacional en el período 2011-2012; Juan Carlos Garrido Ojeda, sobrino de líder político y periodista trujillano Fabricio Ojeda, quien fue hallado sin vida en el SIFA; Margarita Canelón, víctima de represión tras el asesinato de su padre Desiderio Canelón, combatiente del Frente Ezequiel Zamora; David Nieves Banch, acusado del secuestro del industrial norteamericano, William Frank Niehous, fue integrante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria y sometido a crueles torturas en diversas detenciones; Dimas Petit, familiar de tres víctimas de la represión puntofijista: Mario Petit Vásquez, Leonel Petit y José Agustín Petit; Luis Machado, sobreviviente de la Masacre de Yumare, uno de los actos violentos más reprochables de la represiva cuarta república, que dejó a 9 personas fallecidas en una emboscada perpetrada en contra de dirigentes populares, partidarios de la causa revolucionaria de Yaracuy el 8 de mayo de 1986.

También integraron la comitiva que recibió el reporte histórico Carla De Burguillos, viuda del desaparecido César Burguillos, quien fue detenido en los sótanos del Concejo Municipal de Carúpano y luego trasladado al Teatro de Operaciones de Cachipo (T.O.3), donde fue torturado y desaparecido; José Luis Martínez, sobreviviente de El Caracazo; Leonardo Garboza Oliveros, hijo del combatiente Carlos Hernández Arzola, caído en la Masacre de Cantaura, ocurrida el 4 de octubre de 1982; Rosa Millán Marcano, hermana de Alberto César Millán, una de las víctimas de la masacre del Liceo Miguel José Sanz de Maturín, ocurrida el 4 de mayo de 1962.

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