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El “declive moral” de la Corte Suprema

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por Juan Cruz Goñi / 8300

Abogado de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) de Neuquén.

El pasado miércoles 3 de mayo la Corte Suprema de Justicia de la Nación resolvió computar dos días de condena por cada día de prisión preventiva a Luis Muiña, represor condenado por crímenes contra la humanidad cometidos durante la última dictadura genocida. Este fallo formará parte de los grandes hitos de la historia de la impunidad en Argentina, junto a las leyes de Punto Final y Obediencia Debida y los indultos del menemismo.

En la actualidad, la coartada central a la que apelan los represores y sus defensores -no sólo los técnicos, sino también sus abogados políticos e ideológicos- consiste en dotarse de garantías de impunidad en la etapa final de los procesos, esto es, en la ejecución de sus condenas. Hace algunos años, los organismos de derechos humanos vienen manifestando su preocupación respecto de la práctica cada vez más extendida -en todos los niveles judiciales- de conceder a represores el beneficio de la prisión domiciliaria de modo automático por el solo hecho de pasar los 70 años de edad, fenómeno que se ha acentuado notablemente durante el último tiempo. En efecto, de acuerdo a los datos de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, hay más genocidas libres que presos: de un total de 1044 detenidos a marzo de 2017, 518 se encuentran cumpliendo la condena en sus casas. Indudablemente los tribunales mandan a los condenados a sus casas cuando el terreno ya se encuentra preparado para que la impunidad parezca un gesto humanitario. De hecho, los medios de comunicación hegemónicos, usinas ideológicas del poder que busca restablecer esa impunidad, vienen haciendo un minucioso trabajo para presentar a los genocidas como “pobres ancianos”, intentando minar la legitimidad de los juicios por crímenes de lesa humanidad.

La sentencia de la Corte va en este mismo sentido: busca convertir la etapa de ejecución de las condenas en el salvoconducto para garantizar la impunidad de los genocidas. A través de un artilugio jurídico que no resiste ni las más elementales leyes de la lógica, la Corte aplica un cómputo de pena más beneficioso a un genocida con el único propósito de restarle días en la cárcel. Para llevar adelante esta operación, el máximo tribunal aplica retroactivamente una ley que: 1) era inexistente al momento de la comisión de los crímenes cometidos por Muiña, 2) se encontraba derogada al momento de su condena y 3) tampoco era vigente al momento de disponerse la detención cautelar. El artículo 7 de la ley 24.390 rigió desde el 22 de noviembre del año 1994 hasta el 1 de junio del año 2001, es decir, cuando Muiña gozaba de la más absoluta impunidad y sus crímenes se encontraban sustraídos del accionar de la justicia. Y esta es la base del conflicto puesto que la discusión del “dos por uno” es un subproducto de la impunidad. De hecho, si el Estado argentino hubiera juzgado en tiempo oportuno las violaciones a los derechos humanos, es decir, apenas finalizada la dictadura genocida, no habría en la actualidad discusión alguna respecto del cómputo de la pena. Lo que resulta paradójico es que la Corte emplee una ley que fue sancionada cuando el genocida gozaba de impunidad y la aplique en su favor para otorgarle mayor impunidad, algo así como un “dos por uno” pero de impunidad.

Indudablemente el objetivo de la ley 24.390 no era beneficiar a los genocidas sino que su foco estaba puesto en los crímenes comunes. El fin de la ley fue paliar la crisis que generaban la excesiva prolongación de los procesos penales y la gran cantidad de presos sin condenas en las cárceles del país. Como la ley estaba pensada para crímenes comunes, exceptuaba del beneficio a los delitos vinculados a la producción y comercialización de estupefacientes por considerarlos de mayor gravedad. Es cierto que la ley no excluía a los crímenes de lesa humanidad, como afirma el voto del juez Rossati, pero ¿cómo podría hacerlo, si cuando esta ley se sancionó regían -de pleno- las leyes del perdón y no estaba en el horizonte de posibilidad de ningún juez investigar y menos aún sancionar a los autores de crímenes contra la humanidad?

En otro orden de cosas, la Corte fundamenta el beneficio al represor en la naturaleza “permanente” de los crímenes por él cometidos. La Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, sancionada en 1994, dispuso que el delito de desaparición forzada es de carácter continuado o permanente, es decir que mientras no se establezca el destino o paradero de la persona desaparecida, el delito continúa cometiéndose. Ahora bien, esta disposición tuvo como propósito agravar el reproche penal y procuraba, al decir de la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos, que los Estados cumplan adecuadamente con la obligación de juzgar y castigar la conducta punible. Sin embargo, el voto mayoritario de la Corte, toma el carácter continuo del crimen para hacer lo contrario a lo que manda la Convención, es decir, para aplicarle la norma más favorable y evitar el adecuado juzgamiento del crimen. De esta forma, la Corte incurre en la siguiente paradoja: le reduce la pena a un represor que continúa ejecutando sus crímenes en el mismo momento en el que es beneficiado por la sentencia del máximo tribunal de la republica.

La sentencia de la Corte implica un grave retroceso en materia de derechos humanos y echa por tierra la jurisprudencia nacional e interamericana en cuanto a la obligación estatal de sancionar las violaciones a los derechos humanos. Los crímenes contra la humanidad, ubicados en la cúspide del ordenamiento jurídico, por ser la humanidad la víctima de su comisión no pueden ser nunca analogados a los crímenes comunes. En este sentido, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el paradigmático fallo Barrios Altos ha establecido que esta clase de delitos son de imperativo juzgamiento, insusceptibles de amnistías, indultos, prescripción o cualquier otro excluyente de responsabilidad que pretenda impedir su investigación y sanción. En el caso Muiña, tal como lo sostuvo el juez Lorenzetti en su voto en disidencia, la interpretación más favorable de la ley respecto de la ejecución de la pena conduce a la “frustración de la finalidad persecutoria”. Por esta razón, la sentencia de la Corte, al impedir el adecuado castigo a los responsables de graves violaciones a los derechos humanos, coloca al Estado argentino en una situación de incumplimiento de los pactos de derechos humanos a los que se ha obligado internacionalmente y hace correr a nuestro país el riesgo cierto de ser sancionado internacionalmente. Asimismo, el fallo de la Corte Suprema, por emanar de la máxima autoridad judicial de la República, constituye un peligroso antecedente para el conjunto de las jurisdicciones en las que se llevan adelante juicios por crímenes de lesa humanidad pues, de adoptarse similar criterio en el conjunto de las jurisdicciones -es decir, si los jueces cumplieran con el “deber moral” de acatar los fallos de la Corte- se abre la posibilidad de que centenares de genocidas queden libres.

Argentina se destacaba entre los países de la región que habían sufrido circunstancias semejantes por afrontar el horror del genocidio a través del juicio y castigo a los responsables de las violaciones a los derechos humanos, juicios que son llevados a cabo por jueces nacionales y con las garantías constitucionales que ellos les negaron a sus víctimas. Para el Juez Rossati, no beneficiar a los genocidas con la ley más benigna y exigir el cumplimiento completo y efectivo de las condenas de esos juicios implica caer en el mismo declive moral al que los represores nos condujeron durante los oprobiosos años de la dictadura. Pero ¿no ha caído la Corte en ese declive moral al proponernos nuevamente una convivencia seudonormal con los genocidas, con la posibilidad cierta de que volvamos a encontrarlos en las calles, en el cine, en los supermercados, en las plazas?

En todo este tiempo, hemos dado una gran batalla: hemos vencido a la impunidad y hemos sentado a los genocidas en el banquillo de los acusados; dijimos NO a la convivencia con los represores; afirmamos que el único lugar válido para un genocida es la cárcel común; hemos construido memoria colectiva y hemos narrado la experiencia del horror. Estas conquistas son las que están en juego hoy. El fallo de la Corte, aprobado gracias al voto de los dos jueces nombrados por decreto apenas ascendió el macrismo, es tan solo una parte de una gran estrategia de impunidad y negacionismo que buscan arrebatarle al pueblo argentino la conquistas de verdad, memoria y justicia. Esta en nuestras manos defenderlas.

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