EL SECRETO DE PERÓN por HIJOS La Plata

Se acerca la sentencia en el juicio a dos represores de la CNU La Plata

HIJOS La Plata

Perón y Pinochet Mayo de 1974

Con el juicio a los represores Carlos Castillo y Juan José Pomares en etapa de alegatos, nos permitimos algunas reflexiones sobre la ausencia crónica del “Líder” en los relatos sobre la aquiescencia estatal a las bandas de la derecha peronista para cometer delitos de lesa humanidad. El juicio está llegando a la etapa final y se espera sentencia para mediados de noviembre. El debate histórico sigue abierto.

La sencilla pregunta de “¿Cuándo comenzó el último Genocidio en nuestro país?” sigue generando hoy polémicas y debates teóricos y políticos de abordaje complejo. A nuestro entender, este juicio es en parte la posibilidad de reinstalar de forma amplificada hacia el conjunto de la sociedad un debate postergado acerca de la génesis del genocidio en la Argentina. Afirmar que su inicio tuvo lugar antes del golpe militar del 24 de marzo de 1976 es un planteo necesario, y que ha sido sostenido por muchos familiares de víctimas de la represión, sobrevivientes, organismos de DD.HH, militantes políticos e investigadores que han sostenido esa convicción como denuncia, y ante la indiferencia de muchos sectores sociales y políticos.

A lo largo del juicio a los represores de la CNU Castillo y Pomares se han escuchado en el debate afirmaciones y desarrollos sobre el carácter distintivo que tienen los crímenes que allí se están juzgando. Se ha contemplado que si bien los casos específicos que se juzgan ocurrieron entre febrero y abril de 1976, es decir poco antes y durante la última dictadura, ocurrieron como parte de una sistemática y un contexto socio-político anterior al proceso iniciado el 24 de marzo de 1976. Y se ha dicho que ese contexto tendría inicio en las postrimerías del gobierno de María Estela Martínez de Perón y bajo el filo de la incipiente dictadura militar en marcha.

El giro a la derecha del Peronsmo 1 Ahora, para valorar esta especificidad, que compartimos, no creemos necesario remontarse al origen del Terrorismo de Estado en nuestro país, que bien podría compendiar apreciaciones sobre la capacidad instituyente de la “Legión Infernal” en el inicio del Estado Nación, sobre las disciplinarias exhibiciones de las cabezas de los caudillos populares en la punta de una pica de parte del Ejército de Sarmiento y Mitre, sobre el alcance civilizatorio del régimen de oferta de 1 patacón por cada par de orejas de Tehuelche en la avanzada genocida del Ejército de Roca, sobre el ejemplificador fondeo de anarquistas en el Riachuelo como práctica de la llamada “Ley Fernández Bazán” en la década infame, o bien sobre de la silenciada persecución y cárcel de militantes socialistas y comunistas en el primer gobierno peronista.

Tampoco nos parece justo delimitar el recorte histórico en el golpe de 1955, y en las consabidas prácticas de la Revolución Fusiladora: de la Masacre de Plaza de Mayo, la ley marcial, los fusilamientos de José León Suárez y los Comandos Civiles de la derecha católica. O en sus continuaciones con Plan Conintes y las veladas intervenciones militares a la protesta obrera, como en el Cordobazo.

Entonces el carácter distinto de los crímenes de las bandas de la derecha peronista se comprenderá mejor si se problematiza el contexto histórico y político ESPECÍFICO en que se desarrollaron. Y entonces, si el genocidio no empezó en el ’76: ¿empezó en el ’74?
Sucede que esa afirmación implica horadar en los secretos más profundos sobre los crímenes de Estado cometidos en el tercer gobierno peronista, y no todos los sectores políticos están dispuestos a hacerlo. En más 40 años de impunidad de esos crímenes se ha elaborado un relato desde el peronismo “oficial” que exculpa a Perón de todo compromiso con el aniquilamiento de opositores cuando ejercía la presidencia de la Nación.

¿Entonces cuándo comenzó en nuestro país la última experiencia del terror de Estado? Parece haber instalado en amplios sectores políticos un pacto implícito: si se va a fondo en la verdad más profunda sobre el origen y las motivaciones de la maquinaria de crímenes y desapariciones, se termina enjuiciando la gestión de los ’70 del Partido Justicialista, algunos de cuyos dirigentes han remozado a través de las décadas sus funciones en cargos en el Estado, han escalado posiciones en sindicatos, o son corriente de opinión significativa en el propio partido.

En este sentido afirmamos la importancia de desarrollar una mirada histórica CRÍTICA del proceso político que se vivió en nuestro país entre 1973 y 1976.

Con esa premisa diremos que las narraciones que buscan deslindar al líder de la represión fueron abonadas en varios sentidos: que Perón trató de evitar que se generaran las condiciones que sirvieron de excusa al posterior genocidio, pero que su fallecimiento abortó esa iniciativa; que la violencia política con aquiescencia estatal comenzó después del 1 de julio del `74, o como señaló la fiscalía en su alegato “en las postrimerías del gobierno de Isabel Martínez”; que el fuerte apego institucional del líder lo aleja de cualquier iniciativa política ilegal; que Perón contempló acciones ilegales pero nunca violentas; o bien que el armado y funcionamiento de la Triple A se circunscribe a un plan ejecutado por exclusivamente por López Rega y la CIA; y que el lopez-reguismo había realizado un cerco sobre el presidente para conducir y ocultarle la represión en curso.

Sin embargo a esta altura hay suficientes material documental para acreditar la combinación de una política legal con una ilegal en el gobierno de Perón, que habilitaba el uso de la violencia, como parte de su intento para disciplinar a distintos sectores políticos, ideológicos y sociales en el marco del Pacto Social.

En un sentido amplio, la Argentina de la década del ’70 era consecuencia de un proceso de transformación en las condiciones sociales que se caracterizó esencialmente por el cambio en la dirección del desarrollo del capitalismo local, desde ser predominantemente extensivo para pasar a desarrollarse en profundidad. Como señalan Iñigo Carrera y Podestá este cambio, producto de la experiencia desarrollista de los ’60, no modificó sin embargo la definición de nuestro país como una nación dependiente, con un desarrollado capitalismo estatista, con una clase trabajadora numerosa, y con un proletariado industrial que ocupaba el lugar central en la actividad productiva, así como un importante papel en las luchas sociales y políticas del momento. La proletarización de grandes masas de la población fue, sin embargo, acompañada por la persistencia de amplios sectores que vivían en una miseria consolidada. (cfr. en “La disposición de fuerzas sociales objetivas”. Nicolás Iñigo carrera y Jorge Podestá. Revista “Lucha de Clases” Nº1. 1997).

En ese marco entre el año ’68 y ’73 se dio en nuestro país un proceso de ascenso de las luchas obreras y crecimiento en la calidad política del desarrollo de las fuerzas populares. Claro ejemplo de ello es el surgimiento de expresiones sindicales y políticas de base, combativas, del clasismo, así como de organizaciones político-militares que cuestionaban la conducción del movimiento de masas a la expresión más tradicional que se enrolaba en el peronismo clásico. En este sentido analizaremos las advertencias de Perón a quienes cuestionaban su orientación política y su liderazgo. Retomaremos las palabras del propio Perón, que encuentran valor y sentido cuando se eslabonan con otros enunciados y hechos fácticos, entrelazamiento que demuestra cómo ante la imposibilidad de suturar las diferencias internas del peronismo, y frente al fallido intento por promover “la paz y no la guerra”, Perón reemplazó los iniciales llamados a la tolerancia y prudencia por advertencias sistemáticas dirigidas a los sectores díscolos, que desobedecían sus intentos de conducir el gobierno.

Veamos qué pensaba Perón de la situación política mundial de bipolarismo en la Guerra Fría y qué decía sobre el derrotero nacional para el año 1970.

En un libro titulado “Comunismo o Justicialismo”, publicado por el sacerdote español radicado en nuestro país, Pedro Badanelli, Perón prologa la obra con una carta de septiembre de 1970 escrita desde Madrid. El texto de Badanelli es una serie de exageraciones sobre el alcance y extensión del comunismo bolchevique (con apartados rimbombantes como “Dramatismo biopsicológico de la conducta bolchevique” o bien “Biotipología soviética”), para contrastarlo con la idea de un verdadero “ser argentino”, con Perón como su hombre y el justicialismo como su doctrina. La construcción de una “tercera posición”, resumida en la consigna popular “Ni yankis ni marxistas, peronistas” estaba por entonces en su pico más alto, y el líder esgrimía una retórica tercermundista expresada sobre todo desde su obra “La hora de los pueblos”. Pero a la vez, no escapaba de su cosmovisión la construcción de una otredad a combatir, donde descargar la responsabilidad de todos los males que aquejaban al país, un elemento extraño por extranjero, por impropio, por no ser parte de la propia cultura oficial, y por no expresar los supuestos sentimientos populares.

Perón afirma en el texto que “el comunismo avanza en todas partes con diabólica celeridad” y “domina tres cuartas partes del mundo, en territorio y habitantes”. Además trata de analizar que el “Pueblo” recurriría a la idea comunista por verse acosado por la explotación y la miseria impuesta por las “fuerzas internacionales” del capitalismo. Deja entrever que la propia experiencia peronista de los ’40 había sido un esfuerzo por “una solución anticomunista”, pero que fue truncada por:

“la malhadada ‘revolución libertadora’ que nos arrojó violentamente de nuestro quehacer patriótico y preparó admirablemente el advenimiento del caos actual, que llevará al triunfo del comunismo”.

Tengamos en cuenta que estos dichos son de 1970, es decir de un líder aún alojado en el exilio en España y en plena constitución de la red de apoyos locales hacia izquierda y hacia derecha, que generarían la posterior disputa de poder a la interna del movimiento y del gobierno a su regreso al país. En la carta a Badanelli Perón concluye profetizando: “Siempre les dije a nuestros oligarcas y capitalistas: o triunfa el justicialismo, o los degollarán los comunistas”.

Perón era un militar formado ideológica y políticamente en el más riguroso anticomunismo y que conocía la historia de la Unión Soviética, China comunista y Cuba. Pero lo interesante aquí es cómo esos conceptos van sentando las bases de un efecto movilizador para la constitución de la amenaza comunista como otro a combatir. Esa concepción tiene plena coincidencia con los desarrollados por el mentor de la CNU, Carlos Di Sandro, en varias de sus obras como “La Argentina bolchevique” editado por la Hostería Volante en 1963, o bien “El gobierno mundial y las tensiones de la sinarquía” de la Editorial Montonera de 1971, pasando por el texto “La conspiración sinárquica y el Estado Argentino” de Ediciones Independencia y Justicia de 1973. Es de hacer notar que Di Sandro continuó su prédica sobre la sinarquía hasta mucho después de fallecido Perón y concluido el proceso histórico que aquí analizamos. Así lo prueba la obra síntesis de su planteo que es “Peronismo o sinarquía” editada en 1983 por ROCA Producciones.

Como han señalado en sus tesis sobre la derecha peronista los historiadores Juan Besoky y Juan Luis Carnaghi, la “sinarquía” fue la idea política que buscaba explicar el equilibrio de las más diversas realidades a partir de una lógica de confrontación mundial en la que la política local jugaba un papel importante. De acuerdo a las propias palabras de Di Sandro, ello significaba:

“La convergencia radical de principios de poder que obran en el mundo desde los orígenes de la humanidad. Esta convergencia de los principios de poder contrapuestos, es la que nos indica que estamos en un nuevo momento de los procesos del Gobierno Mundial (…) Los poderes visiblemente contrapuestos en el mundo se coaligan, eso es sinarquía. La significación de la palabra es muy importante. La traduciríamos entonces: concentración de poderes contrapuestos.”

El profesor Carnaghi recordó en este debate las visitas del intelectual al líder en Puerta de Hierro en 1967, la copiosa correspondencia que fluía entre ambos y la adscripción del propio Perón al concepto de “sinarquía” para resolver la puja existente por la identidad peronista entre las diversas corrientes del movimiento.

Citaremos aquí el texto del creador de la CNU llamado “Principios de una política fundacional”, en base a una conferencia de pronunciada en Mar del Plata el 15 de agosto de 1970. Allí afirma que:

“La Nación es independiente respecto de las tendencias centralizadoras mundiales, y su destino no debe someterse, por ningún concepto a lo: dictados de potencias internacionales y destructivas: el dinero, la banca, la propaganda, la tecnología bélico-política, las sectas esotéricas, etc. Cada uno de estos factores debe ser estudiado, a fin de poder sobrellevar sus ataques y asechanzas, ya que ellos buscan EL APLASTAMIENTO DE LA NACIÓN”.

Trata de explicar también que una cierta “ruptura entre la tradición fundamental y el Estado” definido éste como conciencia de la Nación y como nexo entre la Nación y el Pueblo, esa ruptura (dice textualmente):

“se transforma en la vía por donde se consolida el proceso revolucionario Anti-Tradicional, que en la historia de occidente ha tomado la forma concreta del Marxismo-Leninismo”.

Di Sandro afirma en 1968 que “La ‘revolución leninista’ se desenvuelve ahora bajo la conducción de la Sinarquía” y que la defensa de la Nación y del Estado “no puede aceptar las tendencias mundialistas, promarxistas” y requiere “una correcta y sana aplicación de los principios de la tradición”.

Como sabemos el pasaje de la teoría a la acción no fue ajeno al ascendente de Di Sandro, quien propuso que el poder absoluto del Estado:

“no tiene otra solución que expresar su carácter creativo, para enfrentar la Revolución Leninista por un acto de creación histórica (…) no por una actitud reaccionaria, sino por un acto creador, que salva la Tradición y le incorpora el sentido histórico moderno sin renunciar a las fuentes, ni al vínculo entre Dios y la Nación” (“Principios de una política fundacional”).

Ahora, asoma la pregunta de cuál ha sido la creación histórica en rescate de las tradiciones que realizó el tercer gobierno peronista. Veamos entonces la reseña que rescata Miguel Bonasso en el libro “El presidente que no fue – Los archivos secretos del peronismo”. Allí se apunta que en una visita a Perón en Madrid del dirigente peronista Oscar Bidegain, a la postre gobernador de la provincia de Buenos Aires tras las elecciones d marzo de 1973, la hija del dirigente escuchó en una de las reuniones en la quinta 17 de Octubre, frente al líder de carne y hueso que venía a conocer, que Perón se volvió hacia Bidegain y dijo: – Lo que hace falta en Argentina es un “Somatén”.

El giro a la derecha del Peronismo 2 Bonasso reseña entonces que el Somatén había sido una institución armada de Cataluña que se remonta al siglo 11, que fue reflotada en 1876 por el brigadier Joaquín Mola y los patricios de Barcelona, y cobró un nuevo impulso en 1923, cuando el general Primo de Rivera, padre del creador de la Falange, encabezó un golpe de Estado. En su “Manifiesto al país y el Ejército” decía el dictador Primo de Rivera: “Queremos un Somatén reserva y hermano del Ejército…”. La sombra de aquella charla alimentaba una sospecha que Gloria Bidegain no podría confesarse nunca: la idea de la Triple A no había nacido de la cabeza de López Rega, sino en la del propio Perón”.

Como señaló el profesor Besoky en el juicio a la CNU La Plata, desde Madrid Perón había alentado un doble juego con respecto al movimiento revolucionario, alentando las acciones armadas de los sectores radicalizados de la Juventud. Sin embargo, su retorno al país luego de la “Masacre de Ezeiza” de junio de 1973, marcaría el fin de la ambigüedad discursiva y una inclinación decidida hacia los sectores ortodoxos del peronismo.

Dice Besoky en su tesis:

“Su discurso transmitido en cadena nacional al día siguiente de los acontecimientos omitió mencionar a los sectores responsables del enfrentamiento, pero no dudó en señalar la infiltración”.

Aquel donde Perón afirmó:

“Los que ingenuamente piensan que pueden copar nuestro movimiento o tomar el poder que el pueblo ha reconquistado, se equivocan (…) Por eso deseo advertir a los que tratan de infiltrarse en los estamentos populares o estatales, que por ese camino van mal.”

La advertencia fue clara y directa. Y tuvo consecuencias. Mencionaremos a continuación una sucinta cronología de hechos ocurridos como parte del despliegue de violencia desatada con aquiescencia estatal sobre grupos de izquierda desde junio de 1973, y que contribuyen a registrar la violencia paraestatal producida durante la gestión interina de Raúl Lastiri.

Por mencionar sólo algunos de los hechos ocurridos entre la “Masacre de Ezeiza” y la asunción de Perón, recordamos el asesinato en junio del ’73 en San Nicolás del militante de la JP Benito Spahn, previamente amenazado por adeptos a la CGT y ultimado por Tomás Roberto Cardozo, guardaespaldas de José Ignacio Rucci. La detención y posterior asesinato de ex presos políticos liberados el 25/5/73 en el Devotazo como Eduardo Jiménez del PRT en Rosario. El secuestro y torturas a militantes que apoyaban las gestiones de gobernadores de la tendencia, como Cirilo Heredia, militante de la JP de Mendoza, adepto al gobernador Martínez Baca. El asalto de locales de la JP al grito de “fuera bolches”, como El Ateneo de Estudios “Juan Pablo Maestre” en Buenos Aires.

El ametrallamiento de locales como el “Ateneo 20 de junio”, de la JP en Buenos Aires el de la JP en Moreno. Atentados como el cometido por el Comando de Organización de Alberto Brito Lima en el comedor universitario de Resistencia, Chaco.

Secuestros y torturas como las sufridas por Oscar Suárez, cometidas por Héctor García Rey, jefe de la policía santafesina, empleado en el Ministerio de Bienestar Social y luego del Navarrazo designado a cargo de la policía cordobesa junto al interventor Lacabanne.
Atentados con armas como el sufrido por el abogado Roberto Raúl Catalá en Rosario, que se adjudicaron comandos “antimarxistas”.

Asesinatos como los del dirigente peronista de izquierda Horacio M. Oróstegui en Campana, y el del docente en la Facultad de Ciencias Exactas y miembro del Consejo de la JP Zona Norte, Enrique Grymberg.

La desaparición en Buenos Aires del obrero gráfico Sergio Joaquín Maillman secuestrado en un auto del Ministerio de Bienestar Social.

Para septiembre de 1973 entonces, Perón planteará la necesidad de volver al orden legal y constitucional acabando con las movilizaciones y disputas existentes. Las “formaciones especiales” ya habían cumplido su función y el monopolio de la violencia por parte del Estado no debía ser cuestionado. Se necesitaba entonces una nueva alianza para gobernar.

Esa construcción de un nuevo aliado para el proyecto político puede verse en la relación que el líder tejió con las burocracias sindicales. Asumido el poder por Perón el 12 de octubre de 1973, quedaba atrás la tolerancia y la inclusión de los sectores de izquierda que había caracterizado a la fugaz gestión de Héctor Cámpora, pero esencialmente cambiaban las condiciones políticas en que se había dado una ofensiva de la clase trabajadora desde el ’68-’69, y salían a la luz los esfuerzo y tentativas oficiales por poner bajo control la movilización obrera.

Dese la gestión de Cámpora, en junio de 1973 se había puesto en práctica el Pacto Social, consistente en suspender por 2 años las discusiones salariales en convenciones colectivas.

La iniciativa se había implementado en un contexto generalizado de conflictos laborales que entre junio septiembre de 1973 llegaron (según reseña Juan Carlos Torre en “Los sindicatos en el gobierno ‘73-’76) a más de 120 conflictos, las ¾ partes en empresas privadas y el resto en el Estado. Al no poder discutirse convenios, los reclamos versaban mayormente sobre retrasos en pagos y reincorporación de cesantes o suspendidos. Esta dinámica enfrentó a las bases obreras con los aparatos sindicales, más ocupados en sostener su cuota de poder ante el gobierno que de encabezar los reclamos. El último trimestre del ’73 conllevó distintas pujas de poder entre el Estado y los jefes sindicales, determinadas por los vencimientos de los convenios colectivos de trabajo vigentes desde 1972.

En todo el período la cartera laboral estuvo ocupada por, Ricardo Otero, hombre de Augusto Vandor y secretario de la delegación de la Capital federal de la UOM hasta antes de asumir como ministro en la gestión Cámpora.

La CGT apostaba a que, si el caudillo había tomado distancia de los sectores juveniles de izquierda del movimiento, podía desembarazarse también del ministro de economía José Ber Gelbard, que era tildado de izquierdista. Así se devolvería la conducción de los asuntos económicos a un peronista, se abriría la paritaria y se volvería a la época dorada del distribucionismo populista. El problema era que ello implicaba romper el Pacto Social vigente. Perón desarrolló una maniobra política que le aseguró la lealtad de los jefes sindicales para su nueva gestión: realizó una reforma de la ley de Asociaciones Profesionales Nº 14.455, que incrementó la centralización de las estructuras sindicales y brindó mayor fortaleza jurídica a las posiciones burocráticas de los jefes sindicales.

Como señala Torre se dispuso que no podía existir más de un sindicato por rama de actividad, se ilegalizó los sindicatos por empresa, se facultó a los gremios a intervenir sumariamente sus filiales y se otorgó el poder de suprimir los mandatos de delegados de fábrica. A su vez se amplió el mandato de las conducciones gremiales de 2 a 4 años y se equipararon los fueros sindicales con las inmunidades parlamentarias. (cfr en Juan Carlos Torre – Los sindicatos en el gobierno 1973-1976). No es menos significativo que la reforma fue elaborada por el mismo ministro de Trabajo Ricardo Otero, que ocupó la cartera durante las gestiones de Cámpora, Lastiri, Perón y Martínez de Perón. De esta manera las representaciones de base de los trabajadores, sobre todo si no comulgaban con el signo político peronista, perdían terreno en la representación gremial y eran confinadas a expresiones pretendidamente marginales.

En este sentido se hace central la definición que ha aportado en el debate el historiador de la UNLP, Juan Luis Carnaghi, que aportó su mirada histórica a través de los conceptos de su tesis doctoral “Nacionalistas, católicos y peronistas. Auge, afianzamiento y reconfiguración de la CNU La Plata, 1955-1974”.

Carnaghi definió que para el año ’73 la CNU se reconfigura en lo que denomina un “Cártel político sindical”, un concepto que toma de la definición “power cartel” que el historiador británico Ian Kershaw realizó analizando el fenómeno del ascenso del nazismo. En ese nucleamiento distintos actores políticos, en este caso CNU, UOM, Juventud Sindical Peronista y 62 Organizaciones, coincidían en la acción por tener un ideario común en el catolicismo ortodoxo y el anticomunismo y ciertos objetivos compartidos, centralmente hacer prevalecer el ala derecha del movimiento peronista en el proceso político. Recordemos que en el juicio a la CNU La Plata el Indio Castillo reconoció que su banda tenía postas sanitarias ubicadas en los sindicatos metalúrgico y de la construcción, para hacer frente a urgencias producto de los operativos que realizaban. En ese sentido puede entenderse la evolución del grupo inicial de la CNU, el crecimiento de sus acciones violentas desde los hechos de Ezeiza en junio de 1973 y su vinculación desde 1974 con el Estado provincial, ahora en manos de un hombre de la UOM como Victorio Calabró, para cumplir un rol represivo.

En la concepción de Carnaghi Perón realiza una opción por ese “Cártel político-sindical” y desacredita al sector de la Tendencia revolucionaria, a los que tacha de “infiltrados, apátridas o falsos peronistas”, sobre todo desde la puesta en práctica de Documento Reservado del Consejo Superior Peronista de octubre del ’73 que obliga a “denunciarlos y combatirlos por todos los medios”. Tal opción puede verse en el derrotero de Perón respecto a las ideas del marxismo, que según Carnaghi “primero lo desaprueba, luego en el exilio alienta a los sectores de izquierda del movimiento, pero finalmente ya en 1973 termina condenando la idea de quienes pugnaban por construir un socialismo nacional”.
Efectivamente, ha quedado probado a esta altura que la CNU desplegaba su accionar como patota o grupo de tareas interviniendo violentamente en asambleas universitarias y en los procesos del movimiento obrero más combativo de la ciudad de La Plata, por ello se puede desprender que la mayoría de los casos que aquí se investigan tenían actividad político sindical en clara oposición a la burocracia sindical imperante en la época y a las políticas impartidas por el gobernador Victorio Calabró.

Calabró fue un dirigente forjado bajo el ala del secretario general de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) Augusto Timoteo Vandor, asesinado en junio de 1969. Al comenzar la década del setenta, Calabró fue tesorero de la UOM nacional y a su vez secretario general de la filial Vicente López. Se ha pretendido mostrarlo como opositor a la conducción de Lorenzo Miguel en la UOM, y como promotor de un sector “antiverticalista” contra la conducción del movimiento peronista a manos de Isabel Perón, aunque la confluencia de intereses señala a todos estos actores como parte del núcleo duro de la derecha peronista.

Una vez electo vicegobernador, Calabró se encargó de mostrarse como “el hombre fuerte” en la gobernación y hasta llegó a decir que en dos meses “se lo morfaba a Bidegain”. Desde temprano mostró su afán por controlar desde la vice-gobernación a sectores clave como el Hipódromo de La Plata, la Policía Provincial y el Banco de la Provincia. La práctica de la negociación espúrea la arrastraba desde sus inicios en el gremio, donde cumplió el rol de descabezar cuerpos de delegados y recibir dádivas a cambio de desactivar conflictos para incrementar un patrimonio personal que incluía participaciones en empresas, hipódromos y la propiedad de campos en la provincia. Calabró se apoyaba en su base gremial y en su control de la Legislatura, donde convergieron en designarlo como sucesor de Bidegain el FREJULI, la UCR, la Alianza Popular Revolucionaria y el Partido Renovador.

Como señala Antúnez, Calabró asumió el poder afirmando “que se hacía cargo de la gobernación en cumplimiento de una disposición constitucional, apelaba a la doctrina justicialista y prometía ajustar su futuro gobierno a los planes trazados desde el gobierno nacional, que a su entender conducían a la patria justicialista” en clara oposición a la anteriormente denominada por la Tendencia como la “patria socialista”.(Damián Antúnez – “El gobierno bonaerense de Victorio Calabró: entre la intervención federal y el golpe de Estado” – UNdeC 2013)

Calabró se dedicó a reforzar su poder político y mejorar su interlocución de con el gobierno nacional y al propio Movimiento Peronista ante la inminencia de la desaparición física de Perón. Logró acuerdos con el empresariado a través de su ministro de economía Ramón Miralles, hombre de la CGE, y con el campo a través de Pedro Goin, ministro de Asuntos Agrarios. También sumó apoyos intercediendo en crisis políticas municipales, como con el ascenso irregular del entonces concejal Eduardo Alberto Duhalde al cargo de intendente de Lomas de Zamora. Duhalde le aportó un hombre clave en al armado del esquema irregular represivo integrado por patotas sindicales y grupos armados como la CNU: Alberto Bujía, apodado “El Negro”, un hombre con pasado en bandas de delincuentes y afín a las patotas de la UOM, fue secretario privado de Calabró.

En ese contexto de gestión de la derecha sindical en el gobierno de la provincia desde febrero de 1974, es que se explica la afinidad de intereses entre Calabró y la CNU. La inserción de varios integrantes de la banda en distintas dependencias de la provincia ha sido relata por varios de los testigos en este debate. Así, se los ha descripto en su rol represivo como parte de la persecución de activistas opositores a la gestión de Calabró.

Este es el derrotero político de una gestión que se sirvió de la capacidad de movilización del ala izquierda del movimiento para terminar desechándolo y desatando sobre ese sector una maquinaria de represión combinada: métodos legales de represión subsumidos en grupos de acción y procedimientos al margen de la ley.

“Muchas veces me han dicho que creemos un ´batallón de la muerte´ como el que tienen los brasileños, o que formemos una organización parapolicial para hacerle la guerrilla a la guerrilla. Pienso que eso no es posible ni conveniente”, dijo Perón en diciembre de 1973, cuando en realidad ya era para todos conocida la actuación de la Triple A. (cfr en Sergio Bufano – Perón y la Triple A – Revista Lucha Armada en la Argentina Nº 3, 2005).

Aquí es donde adquiere importancia trascendental el llamado “Documento Reservado” del Consejo Superior del Movimiento Nacional Justicialista del 1 de octubre de 1973, hecho político en respuesta al asesinato del secretario general de la CGT José Ignacio Rucci, producido poco tiempo antes. Su efecto legalizador de la represión ilegal lo analizaremos más adelante. Diremos, aquí que esa iniciativa se dio en el órgano político central del peronismo, donde tenían expresión las ramas política, juvenil, sindical y femenina del movimiento. Y en la reunión de acuerdo del Documento estuvieron presentes Raúl Lastiri (en ese momento presidente interino de la Nación); los ministros del Interior, Benito Llambí, y de Bienestar Social, José López Rega, los gobernadores y vicegobernadores y el senador nacional y secretario general del PJ, José Humberto Martiarena. En lo que aquí interesa, el Documento significó la aceleración del proceso de “depuración ideológica” del peronismo. De hecho no se podía actuar sin la expresa autorización del Consejo Superior: se prohibieron las unidades básicas mixtas, se clausuraron todas las unidades y organismos de la rama femenina, y se reformó la Carta Orgánica, por la que se prorrogaba el mandato por dos años a los congresales hasta tanto lo determinara un nuevo Congreso partidario.

El Quinto Peronismo: otro lindo cuento Es muy significativo el dato de que para entonces el vicepresidente segundo del Consejo Superior peronista era, Duilio Brunello, a su vez secretario de Estado de Previsión Social, viceministro de Bienestar Social de la Nación e interventor federal en Córdoba entre marzo y agosto del ’74 tras los hechos del Navarrazo. Señalamos en este sentido que entre la intervención federal de marzo del ’74 y el golpe de Estado de marzo del ’76, la provincia de Córdoba tuvo 3 interventores y nunca recuperó la institucionalidad democrática.
En otras palabras, se creó a la vista de toda la sociedad un Estado al margen de la ley dentro del propio estado de derecho. Porque además el Documento resultó una carta abierta a la cacería de todo aquel militante que no encuadrara en las definiciones del momento, definiendo la situación como “estado de guerra”, estableciendo directivas específicas en tareas de inteligencia y delación de los denominados “infiltrados” o “marxistas”, extendiendo los medios de lucha a la violencia armada y determinando acciones precisas y conjuntas tanto de los integrantes del movimiento peronista como de funcionarios del gobierno.

En el juicio a la CNU La Plata y durante su ampliación de indagatoria, el Indio Castillo leyó la famosa carta de Juan Perón a los efectivos de la Guarnición de Azul, tras el ataque del ERP a esa sede en enero del ‘74. Allí Perón les aclara que les habla “como Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas y soldado experimentado” y los felicita “por el heroico y leal comportamiento con que han afrontado el traicionero ataque”. La intencionalidad de Castillo iba al punto donde Perón afirma que “la lucha en que estamos empeñados es larga y requiere en consecuencia, una estrategia sin tiempo” para lo cual recomienda “actuar profundamente sobre las causas de la violencia y la subversión quedando la lucha contra los efectos, a cargo de toda la población, las fuerzas Policiales y de Seguridad, y si es necesario de las Fuerzas Armadas”, y donde sentencia que “el reducido número de psicópatas que van quedando, sea exterminado uno a uno para bien de la República”. A semejante confesión del empleo de la fuerza estatal en prácticas terroristas, se montó Castillo para esgrimir la tesis de que Perón se estaba defendiendo legítimamente. Dijo Castillo que

“El estado no puede ser terrorista porque ejerce el poder de la mayoría, y el terrorismo es la acción de una minoría contra la mayoría. El concepto de Terrorismo de Estado es un concepto fallido”.

De la misma manera, trató de justificar qu:

“Hay estados que hasta habilitan los interrogatorios de 3er grado, es decir con violencia física, psicológica y moral”.

Conocía bien entonces el Sr. Castillo las directivas que emanaban desde el poder nacional para actuar como actuaron. En ese mismo discurso citado, desde la Residencia Presidencial de Olivos, Perón definió que:

“aniquilar cuanto antes este terrorismo criminal es una tarea que compete a todos los que anhelamos una ‘Patria justa, libre y soberana’, lo que nos obliga perentoriamente a movilizarnos en su defensa y empeñarnos decididamente en la lucha a que dé lugar”.

Pero además, en febrero del ’74, durante una reunión con los dirigentes de la Juventud Peronista en Olivos, Perón les dice que el problema de su espacio político está exclusivamente en los dirigentes y reclama que hay muchos dirigentes que:

“son cualquier cosa menos justicialistas. ¿Entonces, qué hacen en el Justicialismo? Porque si yo fuera comunista, me voy al Partido Comunista y no me quedo ni en el Partido ni en el Movimiento Justicialista”.

Tres meses más tarde, en un mensaje al Congreso Nacional Justicialista en reunión realizada en el Teatro Nacional Cervantes, el líder va más allá y echa mano de la típica metáfora biologicista para explicar las diferencias políticas. Dice:

“Es necesario vivir vigilantes (…) No porque tengamos autodefensas vamos a estrechar y a compartir con los que están enfermos de una enfermedad contagiosa. Es necesario mantener cierta prudencia para evitar las infecciones (…) Tengamos cuidado con los gérmenes. Y desinfectárnoslos a tiempo será siempre saludable (…) Nuestro movimiento tiene sus autodefensas, las que se manifiestan inmediatamente que se detecta la presencia de un germen patógeno”.

Esta conformación de una alteridad a la que se define preciso combatir tuvo consecuencias concretas en centenares de hechos represivos ocurridos durante la tercera presidencia de Perón y en vigencia del citado Documento reservado del Consejo Superior Peronista. Hechos concretos entre octubre del ’73 y julio del ’74 como los ataques armados a militantes y con bombas a locales de diversos partidos, sindicatos y agrupaciones de la amplia gama de militancia de ala izquierda en todo el país. Atentados a domicilios de legisladores, como los casos de Fausto Rodríguez y Miguel Marcattini, y del senador Tejada en Córdoba. Asesinatos como los de Nemesio Aquino, miembro de la JP en General Pacheco, o del militante de la JP Constantino Razzeti en Rosario.

El armado de comisiones policiales antisubversivas como en Tucumán, al mando de del jefe de la policía, Héctor Luis García Rey. La creación de listas de “bolches” a perseguir en las regionales de la CGT.

El ataque conjunto a la facultad de Derecho de la Universidad de Mar Del Plata por la CNU, el Comando Universitario Peronista de Derecho (CUPDED), la Legión Revolucionaria Peronista, los Grupos de Acción Peronistas (GAP), el Movimiento Universitario Nacional (MUN) y otras organizaciones derechistas realizado con el apoyo de la CGT local y con cobertura policial.

El ataque armado a la Escuela de Información en Córdoba por el “Comando de las 62 Organizaciones”, que al ser detenido llevaban credenciales selladas por la policía provincial, libretas con direcciones y teléfonos del Ministerio de Bienestar Social de la Nación, y documentos del Ministerio de Bienestar Social de la Nación y de la Unión Obrera de la Construcción de Córdoba.

El fusilamiento de los obreros Oscar Dalmacio Mesa, Antonio Moses y Carlos Domingo Zila cerca de Tortuguitas, luego de ser secuestrados por una banda armada en el local de PST en El Talar, en General Pacheco

Siempre en 1974: Los asesinatos por la Triple A de Silvio Frondizi, Carlos Mujica en mayo, Rodolfo Ortega Peña en julio y Julio Troxler en septiembre. Y en diciembre el secuestro y asesinato de Jorge Fischer y Miguel Bufano, militantes de Política Obrera, integrantes de la Comisión Interna de la fábrica Miluz.

Los hechos represivos de la derecha peronista con la anuencia estatal se profundizaron con la muerte de Perón, ya que la disputa por su legado no reconocía límites y hasta registra un caso en los propios funerales del líder: El secuestro y asesinato de Eduardo Romero, de 25 años, secuestrado el 3 de julio del ’74 por “matones” de la UOM cuando salía de la columna de JP que esperaba para ver en el Congreso el cuerpo de Perón. Al día siguiente apareció su cadáver a nueve cuadras del lugar del secuestro con una bala en la cabeza.

La sistematicidad de los ataques y la cobertura estatal a través de la estructura policial, política o sindical fue palmaria. Recodaremos a modo de ejemplo que, tras el golpe de Estado policial en Córdoba, entre febrero y Marzo del ’74, se activaron grupos de civiles armados, comandados por la Juventud Sindical Peronista, identificados con brazaletes amarillos, celestes y blancos, que persiguieron y detuvieron a dirigentes políticos, sindicales y estudiantiles que apoyaban el gobierno de Obregón Cano.

Como señalan Bufano y Teixidó (Perón y la Triple A. Las veinte advertencias a Montoneros) una revisión honesta de este período histórico necesariamente echa por tierra el “mito” que le asigna a López Rega la creación de la Triple A y deja a Perón al margen de su génesis. El presidente estaba en el centro de una escena que fue configurando activamente con discursos frente a diferentes auditorios, reportajes e intervenciones públicas, argumentos que al mismo tiempo constituyeron la argamasa ideológica de la represión paraestatal. Y la cooperación de Perón con esa las organizaciones de la derecha peronista no fue sólo ideológica, incidental o fruto de una “tolerancia culposa”. Se brindó protección a todos los que eran acusados de integrar esos grupos represivos ilegales, con su respaldo político público. En efecto, muchos de los señalados como responsables de las acciones sangrientas ilícitas contra el campo popular fueron promovidos a puestos partidarios o nombrados para cumplir funciones en el Estado: la designación de Julio Yessi, secretario de López Rega, presidente del Instituto Nacional de Acción Cooperativa y dirección de la Juventud Peronista de la República Argentina, como representante de toda la Juventud Peronista ante el Consejo Superior del Partido Justicialista fue uno de los casos paradigmáticos. El trato amable y preferencial de Perón con Yessi y también con Alejandro Giovenco, representante de la CNU, ni siquiera se vio mellado cuando ambos comunicaron que “pasaban a la clandestinidad” para combatir a la izquierda: fueron recibidos en audiencia oficial con posterioridad al anuncio que los situaba ostensiblemente fuera de la ley. Los nombramientos y ascensos en las primeras líneas del sistema represivo de Alberto Villar, Luis Margaride, Juan José Morales, Rodolfo Eduardo Almirón, Benigno Balbuena y López Rega son otra prueba concluyente de esto. Como bien alegan Bufano y Teixidó, gozaban de las designaciones directas de Perón y todos ellos fueron personajes que nadie dudaba en considerarlos sinónimos de la “guerra sucia”.

Precisamente para entender la particularidad de esta denominada “guerra”, así denominada en los documentos políticos de época que hemos analizado, retomamos los planteos del filósofo León Rozitchner en su obra “Perón, entre la sangre y el tiempo” y que asume la compleja tarea de desentramar algunas preguntas, a saber:

¿De qué manera el Estado de derecho se transforma en una maquinaria de represión para policial de aquello que no puede contener por vía de la política, ni del andamiaje legal-formal? O mejor aún, ¿Cómo el líder que representó durante 40 años para las masas populares la transformación social pudo convertirse en agente político de la represión oficial sobre esas masas? Y en definitiva, ¿Cómo la guerra convencional, entendida como dominación del extraño se transforma en guerra interna, en represión de la disidencia política, en aniquilamiento de un enemigo interno construido a imagen y semejanza de las necesidades políticas del momento?

Parte de las respuestas las aporta León Rozitchner en esta obra escrita desde el exilio y publicada en 1979. Desde la conocida fórmula del militar prusiano Carl von Clawsewitz de que “La guerra es la continuación de la política por otros medios”, Rozitchner demuestra que Perón lee a Clausewitz al revés: podría decirse que para él la política es la continuación de la guerra por otros medios. El análisis del autor no se reduce a la concepción individualista y monista de la guerra como dominación, conquista y aniquilamiento de los ejércitos convencionales. Va más allá. Trata de explicar la inserción social que esos conceptos tienen como lógica de dominio.

En lo que aquí importa rescatamos la siguiente afirmación:

“Con el correr del tiempo y el incremento de la resistencia popular la doctrina de una ‘nación en armas’ pasará de la hipocresía al cinismo: se convertirá en doctrina de la ‘seguridad nacional’. El enemigo exterior será suplantado directa y claramente por el propio pueblo a reprimir convertido explícitamente en enemigo interior. Perón es el primero que plantea el problema de la seguridad nacional como ‘política’, para obtenerlo por las buenas o como ‘guerra’, para obtenerlo por las malas”.

Como señala Rozitchner, no se trata de dejar de lado las reales transformaciones que a nivel económico, político y social la clase obrera alcanzo por mediación de Perón, sino que:

“esto, que representa un “progreso”, fue también para la burguesía nacional una necesidad: la de consolidar y negociar su propio poder. Al mismo tiempo que se reconocían derechos a los trabajadores, y se los organizaba, en ese mismo proceso se los ataba profundamente a los límites del sistema para que no fueran más allá. Riesgo, es evidente, que las fuerzas armadas como guardianas del sistema tenían que asumir, porque estaba inscripto en la lógica de la economía y de la política: es una constante en el desarrollo histórico del capital”.

En otras palabras, el secreto mejor guardado de Perón: la lucha de clases.

 

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